El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del Interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros, informa que en el día de la fecha se dará tratamiento en la Legislatura de la Provincia de Córdoba al pedido de derogación de la competencia en materia «anticorrupción» del Fuero Penal Económico y Anticorrupción creado por ley 9122. El tratamiento no sólo viene de la mano de los pésimos resultados en materia de la lucha contra la corrupción, sino también por el significativo ahorro que traería aparejado su eliminación.

El Legislador Quinteros puntualizó: “En el año 2017, el gobierno de Córdoba gastó, solamente en personal, la suma de 39 millones de pesos, para el funcionamiento de un órgano que se convirtió  en un costoso archivador de denuncias de corrupción.

Pero si lo analizamos desde el inicio de sus funciones, en 2004, en gasto de personal -desde Juez y Fiscales hasta el cargo de menor escalafón (meritorio)- el monto erogado en tal carácter fue de 15.112.866 de dólares, lo que actualmente equivale a unos 355 millones de pesos”.

“Esos más de 15 millones de dólares invertidos por UPC para que no se investiguen sus actos de corrupción, nos costaron el equivalente a 17.000 salarios docentes o 24.000 salarios de residentes del Polo Sanitario. El monto adquiere dimensión con sólo mencionar que el fuero anticorrupción se llevó para su funcionamiento, y solo teniendo en cuenta el gasto en personal, el equivalente al pago de 19 años de los salarios de quienes serán los futuros médicos de la provincia de Córdoba.

Es inadmisible seguir manteniendo un fuero especial que garantiza la impunidad del poder político provincial. Entendemos que con sus paupérrimos resultados y la obscenidad de su costo ha llegado el momento de proceder a su pulverización. Las causas penales que deriven de actos presuntos de corrupción de funcionarios públicos deben ser investigadas por cualquier fiscal de instrucción que deberá intervenir por sorteo electrónico. Insistiremos, las veces que sea necesario, para que en la provincia deje de funcionar la «Agencia Córdoba Justicia», finalizó Quinteros.