El Vocal del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) en representación del Frente Cívico, Dr. Juan Pablo Quinteros, informa que solicitó a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba que acompañe copia de los instrumentos legales que vinculan a EPEC y la empresa Bacar Transportadora de Caudales S.A como así también los antecedentes de los procesos licitatorios por los cuales se determinó  la contratación de dicha empresa.

Como antecedente se puede referenciar a  la licitación pública 4065 “Serv. de transporte de caudales con provisión de cajas de seguridad a las dependencias ubicadas en la Prov. de Córdoba, con seguro que cubra el monto transportado” que fuera adjudicado el día 10/07/2013 a la empresa Bacar Transportadora de Caudales S.A correspondientes a las líneas 1; 2; 3; 4; 5 y 10. Lo referenciado cobra relevancia en virtud de la investigación que se lleva adelante en el fuero Federal de la Provincia de Córdoba, en el que se investiga la actuación de la empresa Bacar Transportadora de Caudales S.A en “intermediación financiera”, figura delicitiva contemplada en el art. 309 del Código Penal reformado por Ley N° 26733/11. Vale recordar que la causa fue promovida de oficio por la Fiscalía Federal a raiz de una investigación periodística difundida por el Canal 10 de Córdoba.

Al respecto el Vocal juecista puntualizó: «Se torna  necesario que éste Ente de Control conozca acabadamente la operatoria que realiza la Empresa Provincial de Energía de Córdoba con la mencionada Bacar S.A., toda vez que los valores transportados, y cuya obligacion es custodiar, podrían ser objeto de los hechos que la Justicia Federal investiga. Dicho dinero es el que los usuarios abonan por la prestación del servicio público en concepto de tarifa. Es imprescindible, desde este Ente Regulador de los Servicios Públicos, velar por la transparencia de los actos que emanen de las empresas que por obligación legal debemos controlar. Esperamos que la empresa acompañe a este Directorio lo solicitado, de no hacerlo acudiremos a la fiscalía interviniente para acompañar la documentación que obra en nuestro poder para que sea la justicia a la que le deban dar las explicaciones pertinentes».