El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros, respecto al anuncio de la Empresa Aguas Cordobesas S.A. sobre la colocación de 5.000 nuevos medidores en el corriente año y 15.000 en el transcurso del 2018, manifiesta:

“A los cordobeses se les sigue robando con la colocación de medidores, el gobierno y la empresa  lo anuncian como un hecho positivo, cuando en ningún caso genera un beneficio a los usuarios ni incentiva al ahorro del recurso, que es el objetivo principal de un plan de medición masivo.

Todo usuario que se encuentre en el régimen medido pagará por el servicio, como base libre 25m3, esto es lo mismo que paga aquel usuario que no tiene medidor. Por tanto no le genera ahorro alguno al usuario el cuidado del recurso ni se incentiva, con la colocación de los medidores, a ello. No sólo esto, sino que se le cobrará un excedente si supera la base libre”.

 

El legislador juecista agregó: “La pésima renegociación del contrato de noviembre de 2006, estableció una base libre de consumo de las más alta del mundo, lo que le asegura a la prestadora cobrar por 25m3 a todo usuario cuando solo 1 de cada 3 la supera. Esto hace que en la actualidad un usuario tenga una facturación mensual superior a los $300, aunque no utilice el recurso. Sin abrir una canilla los usuarios de Aguas Cordobesas pagan más de 3500 pesos anuales sólo por tener conexión al sistema.

Al notar que solo se generaban mayores ingresos a la empresa, ERSeP reemplazó lo que era el “Cargo Tarifario para Colocación de Medidores”, de nada más y nada menos que 18% de la facturación,  por un “Cargo Tarifario para obras” (útil para los usuarios).

 

Cabe destacar que en consonancia con lo anteriormente expuesto el ERSeP, creó, en 2016,  el “Régimen Tarifario Único de los Prestadores de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia De Córdoba”, donde establece que los usuarios no tendrán base libre, sino que los prestadores deben cobrar por el uso efectivo del recurso y sin utilizar la superficie de los inmuebles como base de la tarifa. Esto deja en evidencia que el propio Ente de Control de los Servicio Públicos avanzó en la línea de que las denominadas “bases libres” carecen de justificación, benefician a la empresa y no reportan beneficio alguno al usuario ni incentiva el uso racional del agua”.

 

Por último, el legislador del Frente Cívico concluyó: “Según el Contrato de Concesión los medidores solo se pueden cobrar en caso de. 1) Solicitud expresa del usuario, 2) Expansión de la red y 3) Renovación del medidor (7 años de vida útil). El ruinoso contrato renegociado en 2006 dejó al usuario absolutamente indefenso frente a la empresa prestadora del servicio. En el contrato renegociado la prestadora sólo tiene obligación de mantener las redes y garantizar el suministro de agua potable, quedando todas las otras obligaciones a cargo de la provincia. Al momento de discutirse la colocación de medidores, método expandido en todo el mundo, la empresa Aguas Cordobesas se ciñó a la letra del contrato y desde la provincia se expresó que no podía hacer frente a la erogación que ello significaba, entonces pasó lo que tenía que pasar y el hilo se cortó por lo más delgado y fueron los propios usuarios, tuvieran o no medidor, los que debieron afrontar el pago de un cargo del 18% para lo que debía ser una obligación contractual de la prestadora. Este es el legado que nos deja la concesión del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba al Grupo Roggio”.