El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del Interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros informa, en relación a la presentación del Presupuesto 2018, los siguientes aspectos respecto al mismo:

PAICOR: El Programa de Asistencia Integral de Córdoba nuevamente reducirá la cantidad de beneficiarios. En el año 2016 fue noticia que el 31,86% de los beneficiarios fueron quitados del programa, en el año 2017 se incrementó el presupuesto en 18% cuando la inflación es estimada en un 24,5%. Y en el presupuesto del año 2018, se incrementa el presupuesto del PAICOR en un 10,75%, lo cual claramente no alcanza para brindar el beneficio más importante en materia de alimentación que posee la provincia a igual cantidad de beneficiarios que los actuales, si la inflación se estima en 15,7%.

ACIF: La Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, la cual, al ser Agencia, no es controlada por los mecanismos habituales de la Administración Central, maneja un presupuesto de 42 mil millones de pesos, el Ministerio del cual depende la Agencia, cuenta con un presupuesto total de 4.120 millones y de estos, 4.100 son transferidos a la misma ACIF, con lo cual el Ministerio tiene a disposición real sólo 20 millones de pesos. La ACIF maneja un presupuesto 200 veces mayor que el Ministerio del cual depende, sin control y duplicando la carga burocrática y administrativa a los ciudadanos.

GRABABUS: En la Ley de presupuesto 2018, se van a quitar alrededor de 300 «tasas», los cuales el Ministro de Finanzas Giordano  denominó de «menor importancia» y que no devuelven un servicio a los vecinos, como la tasa de inscripción de un hijo, 12 pesos por cada uno una sola vez en la vida. En cambio, una tasa como el grabado indeleble de autopartes se incrementa de $580 a $710 en caso de los automotores y de $300 a $360 en el caso de las motos, aumentando, por encima de la inflación estimada del 15,7%, en un 22,41% y un 20%, respectivamente, sin brindar ningún beneficio a los vecinos.

ACCIÓN SOCIAL: Se mantiene la mega estructura de la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo, donde se cruzan los programas con el Ministerio de Desarrollo Social, según se desprende del presupuesto, la Secretaría va a contar con un presupuesto igual al 63,85% del presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Social, duplicando la carga administrativa en la Acción Social y generando que efectivamente el vecino que necesita al estado para superar su situación de vulnerabilidad se vea coartado por la duplicidad de áreas encargadas del mismo propósito.

MINISTERIO DE SALUD Y EDUCACIÓN: En materia de Salud, se genera una reducción real del presupuesto, al incrementarse menos que la inflación prevista. Se contempló un aumento del 12,96% del presupuesto en Salud, pero con una inflación del 15,7% ciertamente se van a reducir las prestaciones. En cuanto a Educación, con certeza se mantiene la operatoria habitual de UPC, se incrementa fuertemente el presupuesto, en un 26,22%, para luego subejecutar la partida y finalizar con disminuciones reales en materia educación.

El legislador del Frente Cívico puntualizó: «El presupuesto de la provincia no es más que un «dibujo» que debe ser legitimado por Ley. Los constantes cambio que puede efectuar el Ministro de Finanzas sobre el mismo y las constantes «subejecuciones» así lo dejan en evidencia. Está claro que ha priorizado la abundante ejecución de obra pública, tendiente a mejorar la performance electoral en 2019, luego de los magros resultados en las elecciones legislativas recientes. Es evidente que pretender realizar obras en un año que no fueron capaces de generar en los 18 años en los que están gobernando la provincia. Empresas como Caminos de las Sierras y Agencias como ACIF manejaran miles de millones de pesos sin ningún control por parte del estado. CASISA es una Sociedad Anónima y ACIF una «Agencia» que no pasa los controles del Tribunal de Cuentas. Esta es la forma en la que UPC, bajo el pretexto de evitar trabas burocráticas, hizo de la obra pública la mayor caja de recaudación política y partidaria.