El Vocal del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) en representación del Frente Cívico, Dr. Juan Pablo Quinteros, en relación a la «tasa vial» que se intenta aplicar a los combustibles líquidos y GNC expresa: «A la posición fijada en comunicados anteriores respecto a la inconstitucionalidad e inoperatividad de la medida propuesta (a cuyos partes me remito), se agregan ahora algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta. Una tasa similar pretendió aplicar la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca en el año 2010 para «el mantenimiento de la viabilidad de las calles y conservación del pavimento» proyecto que originó que desde la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines (CECACAT), presentaran una serie de planteos consistente básicamente «en la afectación que dicha tasa tendría en la competitividad en el sector ya que se competiría con jurisdicciones vecinas y se afectaría al transporte en general y a viajeros. Por otra parte la estructura, se trata más de un impuesto, potestad de imposición que el municipio no tiene. Colisionaría con normas de mayor jerarquía, como la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, Pacto Fiscal y Convenio Multilateral». La conclusión del tema fue simple: la intendencia de la ciudad capital de Catamarca en atención a los cuestionamientos formulados dio marcha atrás con el proyecto y el mismo terminó archivado en un cajón.»

Quinteros agregó: «Él gobierno afirma que la tasa «no formará parte del precio» del combusible, dice esto ya que no está en condiciones de «alterar» su precio. Por ejemplo,  el régimen de comercialización en el caso de YPF (estaciones que en la provincia alcanzan casi el 60%) es claro respecto a la «consignación» que hace del combustible reservándose la petrolera la fijación del precio Se pretende aplicar esta «tasa» (que sigo entendiendo que se trata de un IMPUESTO) de manera similar a lo que se denominó «Adicional por «Servicio de Playa», «Adicional por Comercialización», o «Servicio de Comercialización» que se aplicara allá por el 2007. Al respecto es bueno señalar que si bien se comenzó a cobrar la dificultad de su aplicación y los duros cuestionamientos legales determinaron SU ELIMINACIÓN. Como datos de interés debe mencionarse que el Senador Nacional Ruben Giustiniani presentó un proyecto de Resolución en el Senado Nacional a cuya lectura me remito:
http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?origen=S&tipo=PR&numexp=1664/07&nro_comision=&tConsulta=3
También en muy ilustrativo el fallo en los autos: «Defensor del Pueblo de la Prov. de San Juan c/ Cámara de Exp. de Combustibles y Afines s/ AMPARO.
http://www.ojociudadano.org.ar/jurisprudencia.php?id=333

El vocal juecista dijo: «Ahora todos los titulares de los diarios plantean que será el mismísimo Secretario de Comercio Interior de la Nación Guillermo Moreno el que evaluará la posibilidad de la aplicación de la «tasa cordobesa». Cual si fuera Dios, todos esperan su «revelación» para avanzar o detenerse. Mientras tanto el problema de los cordobeses no es lo que dice el todopoderoso Moreno. Nuestros problemas en este tema son mas terrenales y lo dejan en evidencia las declaraciones de los propietarios de Estaciones de Servicio cuando plantean que mas allá de su ilegalidad, su aplicación es de casi imposible operatividad y que en muchos casos los coloca en una situación de desventaja competitiva. Vaya la situación de las Estaciones de Servicio de la localidad de San Francisco que «conviven» con sus pares de la ciudad santafesina de Frontera. Es claro y no hace falta del análisis de Joseph Stiglitz para imaginar donde cargarán combustible los vecinos cordobeses. También hay que analizar la situación de los mas de 8 mil trabajadores del sector que ven con alarma y preocupación la aplliación de este sobreprecio ya que el antecedente relatado registra episodios de agresiones físicas a los «playeros».

«Es inconstitucional, es inaplicable, es abusivo, ajusta el bolsillo de los trabajadores, genera aumento de costos, atenta contra la competitividad y como si fuera poco, quizás a Moreno no le gusta. De la Sota debe tener, aunque sea una vez, un gesto de humildad ante los cordobeses y retroceder con esta medida. No puede su necesidad y voraz afán recaudatorio estar por encima de lo que el pueblo de Córdoba puede soportar», finalizó Quinteros.